La obsolescencia programada

La absolescencia programada

En el centro de reparación de Koopera, un grupo de cooperativas sin ánimo de lucro del norte de España, casi no se reparan frigoríficos. La mayoría llegan con fugas de gas que no podemos localizar porque las tuberías están incrustadas dentro de los muebles, y cada vez es más difícil desmontar los muebles. Hace años se podía llegar a cualquier pieza, pero ahora son todo obstáculos”, explica Txelio Alcántara, técnico del taller. “También es cada vez más difícil arreglar aparatos pequeños. Les ponen tornillos de seguridad, que solo giran para cerrar, y ni siquiera podemos abrirlos”.

Cafeteras, máquinas de afeitar, secadores de pelo, microondas, frigoríficos, lavadoras, ordenadores... Miles de aparatos acaban en la basura antes de tiempo porque es demasiado caro repararlos, por falta de repuestos o porque no hay modo de desmontarlos. Es una forma reconocida de obsolescencia programada, una manera de acortar la vida de un producto antes de que se desgaste. Un caso sonado fue la demanda colectiva a la que tuvo que enfrentarse Apple en 2003 por no ofrecer baterías de recambio para sus reproductores MP3. Los demandantes, tras probar que las baterías se estropeaban antes que el aparato, ganaron el juicio y obligaron a la empresa a fabricar repuestos.

Muy pocas veces han llegado casos como este a los tribunales. La obsolescencia programada, al fin y al cabo, está asumida como un mal necesario para estimular el consumo. Pero la crisis está cambiando las conciencias y cada vez son más las voces que recuerdan que la necesidad mantener una tasa mínima de renovación de productos no significa que haya que aceptar abusos. Además, genera toneladas de residuos que podrían evitarse. Finalmente, un país ha dado un paso al frente: la Asamblea francesa acaba de aprobar, dentro de la Ley de Transcisión Energética, multas de hasta 300.000 euros y penas de cárcel de hasta dos años para los fabricantes que programen la muerte de sus productos. La norma, que aún debe ser ratificada en el Senado, no solo es relevante por las sanciones que establece, sino porque es la primera vez que una legislación reconoce la existencia de la obsolescencia programada. “Estas técnicas pueden incluir la introducción deliberada de un defecto, una debilidad, una parada programada, una limitación técnica, incompatibilidad u obstáculos para su reparación”.

Por ejemplo, los antiguos televisores de tubos podían durar hasta 15 años, mientras que los actuales no pasan de 10. “Y ocho de cada 10 lavadoras tienen cubetas de plástico, en vez de acero inoxidable, que pueden romperse con el golpe de una moneda”, prosigue el estudio. Los fabricantes insisten en que el acortamiento no es deliberado, sino que se debe a la exigencia de que los productos sean más eficientes y más baratos.

En España el movimiento lleva retraso. Las organizaciones más activas son la Asociación de recuperadores de Economía social y Solidaria (AERESS), que agrupa a entidades como Koopera, y el colectivo ecologista Amigos de la Tierra . Ambas, junto con Ecologistas en Acción, UGT y CC OO, han presentado un texto de alegaciones a la nueva ley de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos en el que piden la prohibición de la obsolescencia programada y otras medidas como el alargamiento de las garantías, el apoyo a las redes de reparación y, sobre todo, que se asegure que un 5% de los residuos puedan ser preparados para su reutilización.

La bombilla eterna

El ejemplo clásico de obsolescencia programada es el de la bombilla. En 1924, un grupo de grandes fabricantes de bombillas (entre ellos Philips, Osram y General Electrics) acordaron limitar la vida de las bombillas a un máximo de 1.000 horas, pese a que ya se había logrado la posibilidad de que aguantaran hasta 2.500 horas. El grupo, conocido como cartel de Phoebus, justificó el pacto como una alianza de la industria para regular el mercado internacional marcando unos mínimos de calidad y eficiencia, y así evitar la expansión de otras empresas que intentaban competir con precios más bajos y materiales supuestamente de peor calidad. El cartel se deshizo dos décadas después, pero ha quedado como paradigma de maquinación de la industria para acortar la vida de un producto.

En contraste, como muestra de durabilidad suele mencionarse la bombilla que lleva encendida de manera ininterrumpida desde 1901 en la estación de bomberos de Livermore (EE UU). Es un ejemplo cierto, aunque también es cierto que se mantiene en condiciones distintas a las que tendría en una vivienda. Funciona a un voltaje inferior para el que fue concebida, por lo que el desgaste de los filamentos es menor, aunque a cambio ilumina menos que una pequeña vela. Y tampoco se enciende ni se apaga nunca, lo que aumenta su resistencia.

La bombilla de Livermore se fabricó sin duda con intención de durar. Pero el criterio de la eficiencia se impuso al de la durabilidad y las empresas volcaron sus investigaciones a conseguir avances que aumentaran la potencia o el ahorro de sus bombillas. Eso fue así hasta que apareció la tecnología LED, que combina el objetivo de duración y el de eficiencia.

Desde el 1 de septiembre de 2009 ya no se fabrican bombillas incandescentes en ningún país de la UE, como manda la normativa comunitaria, que además obliga a los fabricantes a informar en el etiquetado de cada bombilla no solo sobre el nivel de su eficiencia sino también sobre su duración estimada. Es el único producto en el mundo para el que se ha fijado un etiquetado obligatorio de durabilidad.

 

Opinión personal:

En mi opinión, la absolescencia programada es una práctica cada vez más habitual en las grandes empresas de electrodomésticos, gracias a los avances de la electrónica y digitalización de los electrodomésticos.

Con ello las empresas se garantizan que el cliente, o bien tenga que llamar al servicio técnico o que tengan que comprar un aparato nuevo.

Con esto último, se garantizan las ventas.

Las ventajas para las empresas son evidentes pero para el consumidor es un gasto extra.